Recuerdo la expectación ante la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Muchas personas esperábamos que la ley no amparase a los ciudadanos que quisieran comunicarse con la administración usando archivos en formatos privativos, aunque estuvieran muy extendidos, como por ejemplo el doc; ni a la inversa, que la administración mostrara información a los ciudadanos en dichos formatos. Pero cuando finalmente salió aprobada, los comentarios en internet fueron de profunda decepción al leer la coletilla del artículo 4 i):

“Principio de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de las técnicas y sistemas de comunicaciones electrónicas garantizando la independencia en la elección de las alternativas tecnológicas por los ciudadanos y por las Administraciones Públicas, así como la libertad de desarrollar e implantar los avances tecnológicos en un ámbito de libre mercado. A estos efectos las Administraciones Públicas utilizarán estándares abiertos así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos.”,

puesto que interpretamos erróneamente que con ella se permitían los formatos privativos, y además dicha coletilla se encontraba en más artículos: el 6.2 k), el 10.5 y el 42.4.

Pasaron los años y en mi trabajo como profesor de Física y Química y coordinador TIC de instituto estaba cansado de escuchar los problemas del profesorado y del alumnado con los formatos privativos. Que si este archivo lo hice en mi casa con el Word 2007 y con el Word 2003 se me descolocan las cosas, que si hice la presentación en mi casa y con el OpenOffice no se ve bien, que si hice un archivo en el instituto y, ¡oh drama!, no lo puedo abrir en mi casa, que si la revisión trimestral del plan anual de centro me la mandan en un archivo doc y con OpenOffice no puedo hacer más grandes las tablas (porque las tablas se encuentran dentro de marcos y primero hay que hacer más grande el marco, pero de eso la mayoría del profesorado no se da cuenta), etc. y todo ello a pesar de que en el instituto solo tienen Windows cuatro ordenadores frente a 727 ordenadores con Guadalinex (521 ultraportátiles para alumnado y 30 para el profesorado dentro del plan Escuela 2.0, 93 ordenadores en salas de informática y carros de portátiles, y 83 ordenadores a disposición del profesorado) y de mi insistencia año tras año de que usen el formato estándar abierto Opendocument. Pero estaba claro que el monopolio de Windows y la falta de formación informática de la ciudadanía (también responsabilidad suya, por supuesto) hacía que mi mensaje se diluyera en el océano y solo llegara a algunas personas.

Por otro lado, a finales de diciembre de 2013, en el departamento de Orientación me pidieron un ordenador con Windows y Office y cuando les dije de poner Guadalinex, que lleva OpenOffice, me dijeron: “es que el Guadalinex a nosotros no nos vale”. Por las mismas fechas me enteré de la reclamación patrimonial de Microsoft a la Junta de Andalucía. Entonces busqué si la legislación impide comprar licencias cuando hay productos que cumplen la misma función gratis. Y no lo impide, porque es un importe muy pequeño y la ley solo obliga a partir de un determinado importe. Y tampoco hay una política digital clara que obligue a usar los productos más baratos o de software libre cuando ambas opciones son semejantes. Pero me volví a encontrar con la ley 11/2007, y con su desarrollo, esto es, el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) y el Catálogo de Estándares (CE). Y ahí se disiparon todas las dudas sobre la famosa coletilla, el formato doc no es estándar, así que no está en el CE. Y también encontré un filón, porque ya no había que convencer a nadie de las virtudes de los formatos abiertos, tan solo había que exigir su cumplimiento. Pero si la ley dice que hay que usar formatos abiertos y sé que esto no se sabe en la mayoría de los institutos, el paso lógico era pedirlo a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (CEJA) y no solo a mi instituto. Envío el escrito_a_la_CEJA y me contestan muy amablemente indicándome que trasladan mi petición a la Dirección General de Política Digital de la Junta de Andalucía, que es el organismo competente.

Estos dos temas los planteé en la lista de intercambio de mensajes del foro de Administraciones Públicas (durante un tiempo no tuve mi ordenador en la fecha correcta así que por mi culpa los hilos no están bien ordenados) y se produjeron debates muy productivos en ella, muchas gracias a todos/as.

Pasaron dos meses y cuando en marzo de 2014 miro la información para realizar la declaración de la renta, cuando veo los habituales iconos de Adobe para indicar los ficheros pdf y el típico enlace para descargar el Adobe Acrobat Reader, me doy cuenta del disparate: una administración pública usa una marca comercial para referirse a un estándar, el ISO 19005, e incluso facilita su descarga en detrimento de otras opciones. Y me pasa lo mismo cuando miro la información para la matrícula del colegio.

Lo comento en la lista y me indican que hay una campaña de la Free Software Foundation (FSF) al respecto. Además busco información que impida lo anterior en la siguiente legislación:

y no encuentro nada (¿algún/a experto/a en Derecho?), así que al final uso la socorrida Ley 11/2007 y envío un escrito_al_Ministerio_de_Hacienda y a la Dirección_General_de_Politica_Digital de la Junta de Andalucía.

En abril de 2014 avisan en la lista de intercambio de mensajes del foro de Administraciones Públicas de una licitación de productos Microsoft para la Junta de Andalucía:

Servicios y derechos de uso del software ofimático de Microsoft siguiendo el paradigma el modelo de software como servicio

Me cabrea sobremanera que pasen olímpicamente de la ley y como no tengo ni idea de Derecho lo dejo estar, pero a la semana pienso que para quedarme tranquilo he de enviar un escrito a la administración, aunque no sepa cuál es el procedimiento que se sigue en estos casos y posiblemente no sirva de nada, por lo menos que por_mi_parte_que_no_quede.

Y por último, en mayo de 2014, hago una búsqueda en internet poniendo “adobe acrobat reader ministerio xxxx” y mando escritos mediante el registro electrónico del 060 a los siguientes ministerios por incumplimiento de la Ley 11/2007: “Interior”, “Justicia”, “Economía y Competitividad”, “Empleo”, “Educación, Cultura y Deporte”, “Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad”, “Defensa”, “Fomento”, “Asuntos Exteriores y de Cooperación”, “Industria, Energía y Turismo”, “Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente”, “Registro electrónico del 060”, “Defensor del Pueblo” y “Defensor del Pueblo Andaluz”.

El registro electrónico es muy cómodo porque no te mueves de casa y además las cartas certificadas cuestan tres euros y las no certificadas a lo mejor te dicen que allí no ha llegado nada (es broma, salvo que sea un trámite importante, mandándolas normal no tiene por qué haber ningún problema).

Resultados

La agencia tributaria contestó en mayo de 2014 muy satisfactoriamente:

Interoperabilidad AEAT

y cambió los iconos rápidamente por unos neutrales. Defensa_tambien contestó satisfactoriamente. El Ministerio de Educación y Ciencia contesto_negativamente, aunque volveré reclamarles.

La Junta de Andalucía todavía no ha contestado a ningún escrito así que planteé una queja en el Defensor de Pueblo Andaluz por incumplimiento del artículo 29 de la Constitución al no dar respuesta a mi escrito inicial sobre los formatos abiertos.

En los próximos meses recibiré muchas contestaciones, ya os iré informando.

En este día...


3 commentarios

venan · 09/06/2014 a las 10:36 AM

Al hilo de las administraciones públicas y la “digitalización” de las mismas, esta misma semana (6 junio 2014) el Gobierno Vasco (http://www.irekia.euskadi.net/es/news/20065) publica: “El Gobierno vasco informará y responderá a las consultas de la ciudadanía a través del Whatsapp”.
Y ya empezamos a fastidiar, ya que ellos mismos son los que utilizan un “titular” cara al mass-media en lugar de ir al fondo de la cuestión, que es “la estrategia del Gobierno vasco en materia de innovación pública con horizonte 2016”.
Los ejes de actuación son: Transparencia y buen Gobierno, Interacción con la ciudadanía, Adecuación organizativa, Mejora de la gestión, Administración electrónica y finalmente, Innovación desde la co-creación.
Por ningún sitio aprecio los términos de “neutralidad tecnológica”, “formatos abiertos” ni cosas por el estilo. Un saludo.

    Luis Muñoz Fuente · 10/06/2014 a las 9:51 AM

    Evidentemente la administración debe ser rigurosa en la aplicación de las leyes y no hacer demagogia. Así no se forma a la ciudadanía.

    Ramón · 11/06/2014 a las 10:42 AM

    Amigo Venan, completamente de acuerdo contigo, una vez más, van buscando el titular que el servicio. ABrazos

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